Bodas a domicilio reguladas

El Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Tucumán discuten un proyecto de ley para regular las bodas a domicilio. Los jueces de paz hicieron pública su disconformidad por una normativa que les restará poder y discrecionalidad.







Un proyecto de ley puso en alerta a la justicia de paz de la provincia de Tucumán. Se trata de una normativa que, en caso de aprobarse, le quitará a los jueces de dicho fuero la posibilidad de celebrar casamientos en cualquier lugar y con cualquier tarifa.

En el proyecto trabajan el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia con el objetivo de darle un marco legal a una actividad desregulada, que le genera ingresos adicionales al salario oficial de los titulares de los juzgados. Actualmente se abona hasta $6.000 por un servicio de este tipo.



Uno de los objetivos principales del proyecto es lograr bancarizar los ingresos que abonen los que contraten este tipo de servicio y establecer una tarifa fija, ya qua actualmente en la provincia oscila desde $2.000 hasta $6.000, según la zona.

La regulación en debate estipula que el Poder Ejecutivo establecerá un “arancel especial”. El Gobierno y la Corte precisarán el destino de los montos que recauden en virtud de este servicio, que también podrá ser prestado por el Registro Civil y, de esta manera, se deja abierta la posibilidad de que los agentes reciban algún tipo de reconocimiento económico por trabajar fuera de las horas hábiles y de sus oficinas.

En ese sentido, fuentes judiciales cercanas al Superior Tribunal explicaron que llegaron a ese acuerdo porque esta contraprestación es usual en otras provincias y, por el otro, que si el servicio fuese gratuito, nadie querría prestarlo.

El proyecto también terminaría con las dudas que genera el hecho de que los jueces de Paz actúan fuera de su territorio al estatuir que será competente para la celebración del matrimonio el oficial público que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, según el documento nacional de identidad.

Otro cambio relevante es la obligación de pedir permiso -en forma previa- para sacar los libros a la Dirección General del Registro Civil.

Uno de los objetivos principales del proyecto es lograr bancarizar los ingresos que abonen los que cont

raten este tipo de servicio y establecer una tarifa fija, ya qua actualmente en la provincia oscila desde $2.000 hasta $6.000, según la zona.